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Lunes, 20 de Agosto de 2018
El TIEMPO

La concejala del Ayuntamiento de Santander ha presentado un recurso en el TSJC contra la ordenanza de tasas

Así lo anunció hoy, jueves, Cora Vielva durante la rueda de prensa ofrecida en la Casa Consistorial.

SANTANDER / Gabriel Gómez Cano | 11/05/2018

La concejala del Ayuntamiento de Santander ha presentado un recurso en el TSJC contra la ordenanza de tasas

La concejala del Ayuntamiento de Santander, Cora Vielva, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria contra la ordenanza de tasas que regula el precio del recibo del agua y ha solicitado la remisión del expediente del Ayuntamiento con Aqualia.

 

Así lo anunció hoy, jueves, Cora Vielva durante la rueda de prensa ofrecida en la Casa Consistorial.

 

La concejala del Ayuntamiento de Santander comentó que el interés mostrado por esta documentación se debe a que los vecinos de Santander pueden estar pagando un precio por el agua excesivamente alto, entre el 20 y el 30 por ciento. “Las tasas solo pueden gravar el precio del servicio y en el caso del agua creo que no está siendo así”, declaró Vielva.

 

En su opinión esta afirmación es evidente, ya que desde el Ayuntamiento se propone cada año un incremento del precio acorde al Índice de Precios al Consumo, 1,5 por ciento este año.

 

“El coste del servicio es imposible que se ajuste al IPC, ya que tiene que tener en cuenta obras que se han ejecutado ese año o no, mejoras, incremento de personal o rebaja y nada de eso está fijado en el IPC”, subrayó.

 

“Creo que esto ocurre por tratarse de un servicio privatizado que tiene que ganar dinero y mira por sus beneficios y no por los santanderinos, como debería hacer el Ayuntamiento. Y este beneficio lo estamos pagando todos los santanderinos”, matizó Vielva.

 

El servicio de aguas cuesta alrededor de 14 millones de euros al año y genera unos beneficios de casi 17 millones de euros como comprobé el pasado mes de noviembre, manifestó Vielva. La concejala se pregunta por qué genera superávit un servicio público que cobra una tasa que no puede ser superior al coste del servicio.

 

La Ley General Tributaria 58/2003 determina que los servicios que presta el Ayuntamiento, que denomina como tasas solo pueden tener un precio que cubra el servicio, en ningún caso generar beneficios.

 

Además, la edil añadió que la sala contencioso administrativa del Tribunal ha requerido al Ayuntamiento la remisión del expediente y el equipo de Gobierno municipal del PP lo ha aportado fuera de plazo, por lo que el Tribunal le ha vuelto a requerir que lo aporte, con el apercibimiento de sanción económica si no lo hace.

 

“He empezado este proceso porque han pasado dos años desde que solicité al Ayuntamiento que me facilitase el expediente y hasta ayer, miércoles, no me han informado que se ha entregado”, explicó Cora Vielva.

 

“En la época que lo solicité, el equipo de Gobierno municipal del PP no tenía problema en facilitarme toda la información salvo en este tema, lo cual levanta mis sospechas”, incidió.

 

Ante esta situación, Vielva estudiará la documentación para comprobar si es cierto sus sospechas y exigir al Ayuntamiento que adecue los precios a su coste real con el fin de que los santanderinos no tengan que pagar más por el capricho de alguien de privatizar lo público.

 

Además, Vielva anunció que presentará la demanda correspondiente por vía judicial en el caso de que el Ayuntamiento no esté cumpliendo la Ley en materia de tasas.

 

Los hechos se remontan al día 16 de febrero de 2018 cuando Vielva presentó un recurso contencioso administrativo en el TSJC contra la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de la regulación de la ordenanza de tasas de agua del Ayuntamiento de Santander.

 

El día 22 de febrero, el Tribunal notifica la admisión a trámite de este recurso. “No me consta la fecha del primer requerimiento al Ayuntamiento, pero sí que no se les ha respondido en tiempo y forma”, remarcó.

 

El segundo requerimiento fue el día 18 de abril y el Ayuntamiento tuvo 10 días hábiles de plazo para entregar la documentación bajo una sanción económica de entre 300 y 1.200 euros. “Tampoco tenemos noticias de que hayan contestado y la sanción que tendremos que pagar los santanderinos por la incompetencia de los gestores municipales”, señaló

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