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Jueves, 23 de Noviembre de 2017
El TIEMPO

El Parlamento aprueba una moción reclamando oposiciones para completar las plantillas de examinadores de tráfico

El diputado regional independiente, Juan Ramón Carrancio, señaló que solo hay 6 en Cantabria y muchas autoescuelas están cerrando o con regulación de empleo

REGION / Gabriel Gómez Cano | 14/11/2017

El Parlamento aprueba una moción reclamando oposiciones para completar las plantillas de examinadores de tráfico
Juan Ramón Carrancio

El Parlamento de Cantabria aprobó hoy, con los votos del PRC, PSOE, Podemos, Ciudadanos y el diputado independiente del Grupo Mixto, Juan Ramón Carrancio, la Proposición No de Ley presentada por este último consistente en pedir al Gobierno central la convocatoria de oposiciones públicas para completar las plantillas de los examinadores de tráfico, como mínimo hasta los niveles del año 2009. El Grupo parlamentario del PP se abstuvo.

Carrancio ha defendido hoy, lunes, una Proposición No de Ley en el Parlamento para exigir que se cumplan los acuerdos alcanzados por la entonces Directora General de Tráfico con los representantes de los examinadores en noviembre de 2015.

Según el diputado independiente del Grupo Mixto, Juan Ramón Carrancio, la plantilla de examinadores de Tráfico a nivel nacional estaba compuesta por 927 funcionarios en 2009 y se ha reducido casi en un 20 por ciento, siendo solamente 745 los examinadores en plantilla en la actualidad, de los cuales solo hay 6 en Cantabria. “Hoy, después de varios meses de huelga, nos encontramos con que el sector de las autoescuelas en Cantabria no puede más. Ya han comenzado los primeros cierres, hay numerosos expedientes de regulación de empleo en marcha y quitando las tres autoescuelas que tienen concedidos los cursos para recuperar los puntos, se encuentran al borde de la asfixia económica”, indicó.

Igualmente, reclama proveer los fondos necesarios para cubrir las horas extras que permitan acabar con la lista de alumnos en espera de efectuar su examen práctico.

Juan Ramón Carrancio recordó que en la actualidad, el sector de los examinadores de tráfico de toda España se encuentra en huelga desde el mes de junio debido a los reiterados incumplimientos de los acuerdos alcanzados con el colectivo por parte del Gobierno central lo que supone retrasos y acumulaciones de pruebas sin realizar.
“La situación, aparte del lógico malestar de los funcionarios afectados, está llevando al sector a una posición insostenible con unas pérdidas estimadas de alrededor de 60 millones de euros”, señaló el diputado regional independiente.

Carrancio añadió el innegable perjuicio que se produce ya que disponer del permiso de conducir puede ser determinante a la hora de obtener un puesto de trabajo o incluso desplazarse para ejercerlo, aunque su desempeño no lo requiera.

“Y lo cierto es que, ahora mismo, se están aplazando miles de pruebas en toda España, cifrándose en más de 600 personas las perjudicadas en la actualidad, solamente en Cantabria”, comentó.


Lo cierto es que el conflicto viene de muy antiguo. De hecho ya en el año 2007 se aprobó un aumento del complemento específico para todos los funcionarios de la Administración General del Estado que presten atención directa al público, dejando fuera del acuerdo a los funcionarios pertenecientes a la Dirección General de Tráfico, si bien con el compromiso de incluirlos posteriormente a cargo del presupuesto de la propia Dirección General, como así se hizo con los funcionarios de oficina.

Ya en el año siguiente, a principios de 2008, la propia Dirección General de Tráfico insiste en que dicha mejora salarial aún no se ha hecho extensiva a los puestos técnicos y específicos del organismo, como por ejemplo, el colectivo de examinadores.

En aquel momento, se echa encima la crisis económica y este colectivo, como los funcionarios en general, siendo conscientes de la situación fueron responsables y aparcaron temporalmente sus reivindicaciones, aún a pesar del agravio comparativo que suponía no cobrar un complemento que prácticamente todos sus compañeros ya tenía actualizado.

Carrancio remarcó que el Defensor del Pueblo recordó al Director General de Tráfico en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible de mayo del presente año que no existían problemas presupuestarios y que el complemento específico podía solucionarse con una transferencia entre capítulos presupuestarios o con un suplemento de crédito financiado con el remanente de la Dirección General de Tráfico.

 

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